Quienes por alguna razón se ven en la necesidad de abandonar su lugar de origen para trabajar, mantienen todos sus derechos que el gobierno reconoce y tutela para todas las personas y en atención a sus circunstancias. Son considerados un grupo especialmente vulnerable expuesto a la explotación y a la violación en sus derechos.

La migración a otro país por causa de pobreza no debe ser calificada como un delito, sino como una falta administrativa y en todo caso, las personas en esas circunstancias deben recibir un trato humano y digno. Más aún, deben reconocerse los orígenes del problema y hacer lo posible por desterrar aquello que lo ocasiona: la guerra, los conflictos civiles y políticos, la inseguridad o la persecución derivadas de la discriminación por motivos de raza, origen étnico, color, religión, idioma u opiniones políticas, factores que contribuyen al flujo migratorio de trabajadores.

Todo gobierno tiene la obligación de:

• Proteger a las personas migrantes, nacionales y extranjeras, así como a sus familias;

• Procurar condiciones satisfactorias, equitativas y dignas tanto para migrantes nacionales como para extranjeros;

• Supervisar el trato laboral a los migrantes por el riesgo de sufrir explotación de cualquier tipo y por contar con pocos medios que garanticen su defensa y autoprotección.

• Tutelar el derecho de las (os) migrantes para organizarse, y a interponer un recurso judicial en los casos en que sus derechos como personas o como asociaciones hayan sido violados de cualquier manera, sea por parte de una autoridad o si han sufrido explotación de otros particulares.

• Contribuir al establecimiento de mecanismos de una migración segura, mediante acuerdos internacionales por los que se moderen los flujos migratorios, se atienda la demanda de trabajo y se evíten situaciones de peligro para la vida de numerosas personas en su búsqueda por una vida mejor.

• Supervisar a las empresas que emplean migrantes, ya que deben respetar los derechos laborales derivados de la relación contractual con los trabajadores, sin discriminación alguna.

• Atender, prevenir y combatir el transporte ilegal de mano de obra hacia dentro o fuera de México, ya que dicha actividad es delincuencial y en algunos casos somete a los migrantes a un trato de esclavitud equiparada o de trabajo forzoso: la intervención del estado en este punto es necesaria y urgente.

• Supervisar los casos en que se proporciona habitación a trabajadores migrantes en actividades agrícolas temporales, y estar en comunicación con el gobierno para evitar cualquier tipo de abuso y el maltrato en el marco de las condiciones legales laborales referidas a las condiciones de trabajo, las condiciones de vida y las prestaciones pactada.

Los derechos fundamentales de las y los migrantes no están protegidos eficazmente en nuestro estado; es necesario que los diversos gobiernos locales que tienen en su ámbito migrantes apliquen medidas efectivas que eviten su explotación; los ciudadanos requieren aplicar un alto sentido solidario para denunciar casos de explotación y abuso de cualquier forma en contra de las y los migrantes y sus familias.

Si sufres algún menoscabo en tus derechos por ser migrante o si adviertes que hay víctimas de abuso o explotación de otras personas por ser migrantes, no temas denunciar el caso. Para quejas que impliquen alguna responsabilidad del gobierno de Jalisco y de sus municipios, comunícate con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.