Dos personas fueron detenidas por elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalajara, a petición de dos inspectores del departamento de Inspección a Mercados y Espacios Abiertos, y puestos a disposición del juez municipal, licenciado Juan Alberto Saldaña Amador, quien se negó a fijarles la multa correspondiente. De lo investigado, se demostró que el juez municipal violentó los derechos humanos de los inconformes, al negarles la posibilidad de permutarles el arresto administrativo por una multa.

Presidente de la Junta de Gobierno de los Servicios de Salud del municipio de Zapopan y Procurador General de Justicia del Estado.

La hija recién nacida de Lidia Heréndira Covarrubias Fragoso perdió la vida en las instalaciones del Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, Jalisco (OPDSSMZ), a consecuencia del deficiente desempeño de los médicos adscritos al nosocomio que atendieron a Covarrubias Fragoso y a la neonata. De las investigaciones realizadas quedó demostrado que existió negligencia, imprudencia e impericia de personal médico, lo que acredita la violación del derecho a la protección de la salud materno-infantil.

Presidente municipal de Puerto Vallarta y Secretario de Salud del Estado

El 14 de febrero de 2002, Fabián Hernández García fue internado en el Hospital Regional de Puerto Vallarta (debido a una intoxicación por consumo de drogas, así como por un problema de tipo psiquiátrico), y sin ser canalizado a la Región Sanitaria de ese puerto, un día después fue detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos del municipio de Puerto Vallarta (DSPTBPV), debido a que se encontraba alterando el orden público en el interior del señalado nosocomio. Al encontrarse en los separos de la DSPTBPV en Las Juntas, falleció, al parecer como consecuencia de los diversos traumatismos que él mismo se ocasionó, sumados a los que otra persona también detenida le produjo. Los servidores públicos involucrados en estos hechos actuaron negligentemente, vulnerando ordenamientos legales federales, estatales y locales, así como instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por México.

Presidente municipal del Ayuntamiento de Guadalajara

El 19 de octubre de 2004, un inspector del Departamento de Inspección a Mercados y Espacios Abiertos del Ayuntamiento de Guadalajara (DIMEA), de manera indebida, y al margen de las facultades y funciones que les conceden las leyes y reglamentos del citado municipio, incautó 12 mantas a los quejosos cuando se manifestaban en la Plaza de Armas. Este operativo fue ordenado por el Director de Inspección y Vigilancia del referido ayuntamiento (DIV) y por el jefe del DIMEA.

Con esa acción, el servidor público involucrado violó el derecho a la libre manifestación y expresión de ideas de los agraviados, al secuestrar las mantas que contenían sus reclamaciones, valiéndose para ello de un grupo de elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalajara (SSPG).

Procurador general de Justicia del Estado

En las primeras horas del 29 de enero de 2003, un elemento de la Policía Investigadora del Estado, cuando conducía una camioneta que estaba asegurada dentro de la averiguación previa 5504/2000, participó en un accidente automovilístico por la carretera Chapala-Guadalajara. El percance trajo como consecuencia el fallecimiento de Ángel Mauricio Martínez Reyes, además de varias personas lesionadas. Con la actuación de dicho elemento policiaco se violaron ordenamientos legales federales y estatales, así como instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por México.

Secretario de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado

El 14 de febrero de 2004, en la madrugada fueron detenidos por policías del estado los señores Luis Alfonso Reynoso Magdaleno y Gustavo García Oliver, por la presunta comisión de un delito federal contra la salud; sin embargo, durante su captura fueron agredidos físicamente. Gustavo García Oliver fue lesionado también durante su estancia en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado (SSPPRS), al grado de haber tenido que ser hospitalizado en la Unidad Médica Delgadillo Araujo de la Dirección Municipal de Salud de Guadalajara por un lapso aproximado de 8 horas, internación recomendada por un médico de la propia SSPPRS.

Pleno del Ayuntamiento de Villa Purificación, Jalisco, Presidente municipal de Villa Purificación, Jalisco y Procurador general de Justicia del Estado de Jalisco

El 4 de febrero de 2000, en el poblado de Pabelo, municipio de Villa Purificación, Jalisco, el señor Martín Contreras Ramos, en compañía de su familia, acudió a la celebración del bautizo de sus hijas, así como al festejo de una boda que se celebró en dicha población. Cerca de las 23:30 horas, miembros de la policía municipal pretendieron registrarlo en su persona con la sospecha de que se encontraba armado; los policías lo rodearon, retrocedió y cayó a un pequeño barranco; al reincorporarse empezó a correr y los policías municipales de Villa Purificación le dispararon y le causaron la muerte, con lo que violaron el derecho a la vida del agraviado, además de incumplir disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos, así como de legislación administrativa y penal.

Secretario de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado y Procurador General de Justicia del Estado

El 3 de noviembre de 2004, Florentino Osornio Mosqueda y otra persona fueron detenidos por elementos de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado (DGSPE) por su probable responsabilidad en la compra de droga en la vía pública. Él refirió que fue agredido físicamente por sus aprehensores, los cuales negaron tal hecho; sin embargo, este organismo acreditó que las lesiones que presentó le fueron inferidas por ellos.

Presidente municipal de Guadalajara

El 26 de julio de 2003, un abogado revisor de expedientes y dos miembros del personal operativo de la Dirección de Asuntos Internos del Ayuntamiento de Guadalajara acudieron al llamado de cuatro particulares que acusaron a dos policías de la Dirección General de Seguridad Pública de Guadalajara de haberles robado dinero en una revisión. Al llegar al lugar de los hechos, el abogado revisor, quien al parecer tiene lazos de familiaridad o de amistad con uno de los particulares, de manera ilegal ejerció funciones operativas sin causa legítima, abusó de su poder y de la autoridad de su cargo, ante la complacencia de los otros dos servidores públicos quienes permitieron que el primero ejerciera las funciones que a ellos les correspondían.

Del análisis de los hechos, evidencias e información recabada, así como de las investigaciones practicadas por personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, se concluye que existió violación del derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica de los agraviados.